
09/09/09
UPyD ha solicitado al Ayuntamiento que acuerde el aplazamiento del pago de tasas e impuestos municipales para los vecinos que no perciban ninguna prestación o subsidio.
Debido a la situación económica actual y el problema que afrontan un número significativo de familias ante el pago de las tasas e impuestos municipales, especialmente el que se refiere a uno de los que supone "mayor esfuerzo económico", como es el del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
UPyD ha planteado, que se acuerde con carácter "extraordinario" y urgente en un Pleno convocado al efecto, que aquellas familias en la que todos sus miembros estuvieran en situación de desempleo y no percibieran en la actualidad ningún subsidio o prestación, puedan solicitar el aplazamiento por un máximo de dos años para el pago de los tributos municipales.
Para evitar "situaciones de fraude", la formación política indicó que además del requisito anterior de falta de ingresos, deberían cumplirse otras condiciones para la concesión del aplazamiento, como la de que todos los miembros de la unidad familiar estén empadronados al menos dos años de antigüedad a la vigencia de la medida. De esta manera, y si el aplazamiento fuera para el pago del IBI, la vivienda de la que se solicita debería ser la vivienda habitual desde el punto de vista fiscal. De igual forma, si durante el período de aplazamiento concedido se produjera un cambio en la situación económica, caso del inicio de una prestación laboral o hubiera un cambio en la titularidad de la vivienda debería comunicarse inmediatamente dichas circunstancias a los servicios municipales.
Con esta actuación se pretende también "que no se inicien para estas familias procedimientos para el pago de las deudas insatisfechas por la vía ejecutiva", al menos, hasta que concluyera el período de aplazamiento concedido, pues muchas de ellas no podrán hacer frente al pago de los impuestos.
En palabras del coordinador de UPyD en Torrejón de la Calzada, Juan Lizcano del Castillo, esta medida, implantada ya "con éxito" en otros municipios españoles, supone actuar de acorde a planteamientos de justicia social para con los más débiles.
La intención que se tubo en principio fue la de bonificar entre el 90% o su totalidad, pero fue descartada al impedirlo la legislación del estado por reserva de ley. Por lo que proponemos que el Equipo de Gobierno (GLITC-PSOE) o en su defecto la oposición, presenten una moción para solicitar la modificación de las ordenanzas fiscales a tal efecto.